Luz María Martín
Los espacios protegidos han experimentado en los últimos años un intenso crecimiento abarcando en Extremadura algo más del 30% de su superficie. Esto ha tenido múltiples consecuencias, dando lugar a un nuevo contexto en el que se conjugan intereses muy diferentes, teniendo en cuenta lo que marca una normativa que afecta a terrenos de titularidad pública y privada. En esta normativa se han fijado las reglas del juego en el que deben sustentarse las relaciones entre el hombre y el medio protegido. Como consecuencia de ello, en ocasiones han aparecido tensiones relacionadas con las restricciones que impone la normativa, en lo que a usos de determinados recursos naturales se refiere. Dichas restricciones pueden afectar a aprovechamientos tradicionales, como la caza, circunstancia que ha generado un intenso debate sobre si se debe permitir o restringir esta actividad en mencionados espacios, ya que, en muchas ocasiones, hay una coincidencia entre la localización de las áreas protegidas y las zonas tradicionales de caza.
Asimismo, aunque no existe un patrón que caracterice a todas estas áreas bajo un punto de vista socioeconómico, un número importante de ellas, al menos en Extremadura, se localizan en espacios que, actualmente, presentan déficits en materia de desarrollo económico (menor nivel de rentas, mayor tasa de paro, escasa diversificación económica) y carecen de un adecuado equilibrio sociodemográfico (pérdida de población, pirámides de población regresivas, envejecimiento). Ante esta situación, las áreas protegidas deben responder al reto de conjugar la conservación de sus valores naturales, sin renunciar al disfrute social del conjunto de la ciudadanía, ni al desarrollo de las poblaciones locales, teniendo en cuenta los beneficios económicos que aportan actividades como la caza.
Entre los sectores económicos ligados a la caza se encuentra la hostelería y, por ende, el turismo cinegético. En los casos del ZIR de la Sierra de San Pedro y el Área de Influencia Socioeconómica se ha detectado la gran presencia de turistas de caza asegurando el 90% de los alojamientos localizados en la Sierra de San Pedro la presencia de cazadores, aunque reduciéndose esta cifra al 70% en los ubicados en Monfragüe.
A pesar de estos porcentajes no se puede hablar de una dependencia significativa de este segmento de mercado en ninguno de los dos territorios, salvo excepciones, al representar este tipo de turistas una escasa parte de la demanda total que perciben a lo largo del año.
Sin embargo, en la Sierra de San Pedro algo más de un 30% de establecimientos consideran que los cazadores representan más del 16% del total de la demanda, mientras que en Monfragüe suponen el 19%.
Estos datos pueden deberse a que el impacto de la demanda de los cazadores se limita al periodo hábil de caza, coincidente con los meses de otoño e invierno.
En este sentido, el turismo cinegético no puede competir con otras modalidades que pueden desarrollarse a lo largo de todo el año, pero si que puede actuar como determinante en el mantenimiento, en algunos casos, de los alojamientos ubicados en ambas áreas de estudio coincidiendo la temporada de caza con la reducción de la demanda de otras modalidades.
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