La caza en Parques Nacionales

Objetivos

El principal objetivo es acometer de manera urgente una modificación de la actual Ley de Parques Nacionales, de forma que se permita la actividad cinegética en estos espacios, alertando sobre las graves consecuencias de prohibir la caza en los Parques Nacionales, medida que entró en vigor el 5 de diciembre.

Una realidad que ha supuesto la prohibición total de la actividad cinegética en los Parques Nacionales. En diciembre de 2020, la caza deportiva y comercial ha dejado de estar autorizada en estos espacios naturales. En el caso de Monfragüe, esta decisión, que también afecta a la pesca y la tala forestal, preocupa no solo a la Federación Extremeña de Caza, sino también inquieta a vecinos de los municipios del entorno, a Ayuntamientos, empresarios de la zona y al sector cinegético en general.

Metodología

Por todo ello creamos una hoja de ruta previa, dando pasos con el fin de evitar dicha prohibición. La primera medida fue elaborar en colaboración con la Universidad de Extremadura, Fundación ARTEMISAN y la Universidad de Casilla la Mancha, el Informe sobre la situación socioeconómica en el entorno de los Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros, que revela que en la última década los municipios del entorno han perdido población, renta y empleo. Como por ejemplo, los que componen el entorno de Monfragüe, han perdido un 2% de su población, a lo que se suma el descenso de la renta familiar disponible y un aumento del 82% del número de parados.

Otro trabajo previo que realizamos fue, gracias a la colaboración de los Ayuntamientos que se acogieron, la aprobación de manera plenaria de mociones para la modificación de la Ley de Parques Nacionales.

Resultados

El informe señalaba la preocupante y crítica situación de las poblaciones del ámbito de influencia del Parque de Monfragüe, y por ende de sus pobladores, aconseja tomar medidas para que sus ciudadanos y ciudadanas no vean amenazado su futuro y el de generaciones venideras por los fantasmas de la despoblación, el paro o la falta de oportunidades.

Pese a esto se ha llevado a cabo la suspensión de estas acciones de control, estimándose que podría costar en torno a 320 millones de euros en indemnizaciones, a lo que se suma que la administración tendrá, previo pago, que contratar cuadrillas de controladores de poblaciones, a pesar de la prohibición seguimos luchando intentando revertir esta situación.